LONDRES (AFP)El Gobierno británico indemnizará a kenianos víctimas de torturas y otros malos tratos durante la represión del movimiento Mau Mau que hace medio siglo se levantó contra las autoridades coloniales, informó este jueves el secretario del Foreign Office (Exteriores), William Hague.
Hague expresó su pesar por esos crímenes e indicó al Parlamento que las compensaciones ascenderían a 19,9 millones de libras (23,5 millones de euros), para 5.228 denunciantes representados por un bufete de abogados británico.
El Foreign Office alegaba inicialmente que la responsabilidad por hechos acaecidos durante le época colonial recaían en el Gobierno de Kenia una vez que este país del este de África se proclamó independiente en 1963.
Pero el mes pasado la diplomacia británica confirmó negociaciones para llegar a un acuerdo con ancianos kenianos que acusan a las fuerzas imperiales de haberlos sometido a torturas, abusos sexuales y otros maltratos. "El Gobierno británico reconoce que hubo kenianos sometidos a la tortura u a otras formas de maltrato por parte de la administración colonial", dijo Hague.
"El Gobierno británico lamenta sinceramente que esos abusos hayan ocurrido y que hayan entorpecido el avance de Kenia hacia la independencia. La tortura y los maltratos son violaciones aberrantes de la dignidad humana, que condenamos sin reservas", agregó.
El ministro del gobierno de David Cameron agregó que Gran Bretaña contribuirá además a la construcción en Nairobi de un memorial a las víctimas de torturas y maltratos durante la era colonial. Unas 10.000 personas, según las estimaciones más bajas, murieron y decenas de miles fueron encarceladas durante la brutal represión de la revuelta Mau Mau, entre 1952 y 1960. En ese entonces, la atención internacional se había focalizado en la muerte de 32 colonos blancos.
jueves, 6 de junio de 2013
Gran Bretaña indemnizará a los Mau Mau por los crímenes de la era colonial
Oleada de críticas sobre el control de registros telefónicos en EEUU
WASHINGTON (AFP)El gobierno del presidente estadounidense, Barack Obama, realiza una operación de control a gran escala de comunicaciones telefónicas de millones de ciudadanos, según informes de prensa no desmentidos por la Casa Blanca, desatando la airada reacción de grupos de defensa de derechos civiles y de respeto a la privacidad.
Un alto funcionario de la Casa Blanca argumentó este jueves que la revisión de los registros telefónicos de los usuarios es una importante herramienta en la lucha contra el terrorismo.
El funcionario del gobierno de Barack Obama no confirmó explícitamente los informes de prensa acerca de la existencia de una orden judicial que permita esta práctica, aunque reconoció que de hecho se lleva adelante.
El diario británico The Guardian informó de que se ordenó al operador telefónico Verizon proporcionar diariamente a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) información sobre todas las llamadas telefónicas en su sistema, tanto dentro de Estados Unidos como entre éste y otros países.
El periódico citó una orden judicial altamente secreta emitida en abril, de la que indicó haber obtenido una copia que reprodujo online. "El documento muestra por primera vez que bajo el Gobierno de Obama se recogen indiscriminadamente y en grandes cantidades los registros de comunicaciones de millones de ciudadanos estadounidenses, independientemente de que sean o no sospechosos", señaló The Guardian.
El funcionario de la Casa Blanca, pese a que evitó confirmar específicamente que tal actividad tiene lugar, afirmó que el tipo de información que se describe en el artículo es una "herramienta clave" para la protección del país de amenazas terroristas. Ello "permite al personal de contra-terrorismo descubrir si terroristas conocidos o sospechosos han estado en contacto con otras personas que pueden estar involucradas en actividades terroristas, particularmente personas que se encuentran dentro de Estados Unidos", señaló.
Según The Guardian, la orden requiere la entrega de los números telefónicos de ambas partes de la comunicación, la localización y duración de la llamada, así como la hora e identificación. En cambio, no se requieren los contenidos de la conversación.
La Foreign Intelligence Surveillance Court (FISA) otorgó la orden al FBI el 25 de abril, por un período de tres meses que culmina el 19 de julio, agregó el diario. "Se trata de un programa en el que un número no especificado de gente inocente es puesta bajo el control permanente de agentes del Gobierno", dijo Jameel Jaffer, subdirector legal de la Unión estadounidense por las libertades civiles (ACLU). "Esto trasciende lo orwelliano y es otra prueba de hasta qué punto los derechos democráticos fundamentales son secretamente sometidos a las exigencias de agencias de inteligencia sin control", agregó.
El exvicepresidente demócrata Al Gore, en su cuenta de Twitter concordó: "En (esta) era digital, la privacidad debe ser una prioridad. ¿Soy solo yo, o este manto secreto de control es obscenamente ultrajante?"
Electronic Frontier Foundation (EFF), un grupo sin ánimo de lucro sobre derechos en el área digital con sede en San Francisco, informó de que el "control generalizado doméstico" se realiza desde hace al menos siete años, cuando George W. Bush ocupaba la presidencia. "Es muy probable que órdenes de registro como éstas existan para todas las grandes empresas estadounidenses de telecomunicaciones, lo que significa que si usted hace llamadas en Estados Unidos, la NSA tenga esos datos", agregó la ONG.
De momento no hubo reacciones de Verizon, que junto a AT&T, Sprint y T-Mobile, son los mayores operadores telefónicos en el país, donde el 87% de la población dispone de un teléfono móvil. "Ahora que este control anticonstitucional fue revelado, el Gobierno debe ponerle fin e informar sobre su alcance real", dijo Michelle Richardson, de la oficina legislativa de la ACLU en Washington. El Congreso debería igualmente abrir una profunda investigación, agregó.
miércoles, 5 de junio de 2013
Cuatro feministas juzgadas en Túnez por atentar contra las buenas costumbres
Tras el término de la sesión, el juez fijó la continuación del proceso para el próximo miércoles día 12.
Las activistas fueron arrestadas tras protagonizar una protesta con los pechos desnudos frente al Palacio de Justicia en solidaridad con la feminista tunecina Amina Tyler, que también ha sido juzgada hoy por atentar contra las buenas costumbres y por "profanación del espacio sagrado de un cementerio".
Las tres jóvenes europeas permanecerán en prisión preventiva hasta la próxima vista.
Los abogados de la defensa argumentaron que su actitud fue un acto de "desenfreno" y no un atentado contra las "buenas costumbres" ya que, según ellos, no se produjo "infracción ni material ni intelectualmente", según declararon a la prensa en la puerta del Palacio de Justicia de la capital.
"Sus cuerpos no son un objeto de exhibición para seducir sino un mensaje político", indicaron sus defensores.
Las tres activistas, de acuerdo al artículo 226 bis del Código Penal, podrían ser sentenciadas a una pena de prisión de un año, con cumplimiento de condena.
Por su parte, Amina Tyler, sobrenombre de la activista Amina Esbui, también compareció ante un tribunal, pero en la ciudad de Qairauán, 160 kilómetros al sur de Túnez, donde fue detenida el pasado 19 de mayo.
La primera sesión del juicio de Amina, que el 30 de mayo ya fue sentenciada al pago de una multa de 300 dinares (150 euros) por posesión de un aerosol defensivo, ya ha concluido, pero sus abogados continúan esperando a que el juez se pronuncie.
Según dijo a Efe el presidente de la Liga Tunecina de los Derechos Humanos, Abdelsatar Ben Musa, que se encuentra en Qairauán, el presidente del tribunal podría dictar la sentencia entre hoy y mañana.
Amina compareció esposada y cubierta con una túnica tradicional tunecina de color blanco en el tribunal, en torno al cual se desplegó un amplio dispositivo policial.
Las fuerzas de seguridad prohibieron el tráfico rodado y a pie en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Qairauán, al que sólo pudieron acceder los abogados y los periodistas acreditados.
Los dos procesos de hoy coincidieron con el anuncio realizado por el Ministerio de Interior tunecino de la deportación en las últimas 24 horas de tres supuestas activistas europeas de grupo radical feminista Femen que, al parecer, pretendían participar en una protesta hoy en Túnez capital.
Según un breve comunicado, las tres mujeres, dos de nacionalidad ucraniana y otra bielorrusa, fueron expulsadas entre ayer y hoy.
"Se ha tomado esta medida después de confirmarse su intención de protestar desnudándose frente al Palacio de Justicia de Túnez durante el juicio de tres extranjeras" de la organización Femen.
Amina saltó a la fama el pasado marzo después de que se difundiera una foto suya en internet en la que aparecía semidesnuda para criticar la moral conservadora de su país.
Su acción provocó el malestar de las autoridades, que a través del ministerio de Asuntos Religiosos mostraron su condena ante lo que calificaron de "actos provocadores contrarios a las buenas costumbres morales y a los valores del pueblo musulmán".
Asimismo, desató la indignación de grupos de extremistas religiosos que han llegado a sugerir que Amina debería ser azotada y lapidada.