ESTAMBUL (AFP)Las protestas en Turquía contra el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan entran en una nueva fase este miércoles, con la movilización de dos importantes sindicatos tras seis días de masivas manifestaciones en varias ciudades del país.
La Confederación Sindical de Obreros Revolucionarios (DISK) debe sumarse este miércoles a la Confederación de Sindicatos del sector público (KESK), que convocó el martes a una huelga de solidaridad de dos días con los manifestantes. La DISK reivindica unos 420.000 miembros. Los dos sindicatos, marcadamente de izquierda, anunciaron para este miércoles marchas de protesta y huelgas en las principales ciudades turcas.
Pese a las "disculpas" del gobierno a las víctimas de la violencia policial, miles de personas invadieron durante la noche la plaza Taksim de Estambul, donde volvieron a pedir la salida de Erdogan. También en Ankara se congregaron miles de personas. En la noche del martes al miércoles, la policía utilizó cañones de agua para intentar dispersar a los manifestantes, según los medios locales.
Una vez más, los manifestantes intentaron dirigirse hacia las oficinas del primer ministro en Estambul y Ankara, como ya lo habían intentado en otras ocasiones anteriores. También se produjeron enfrentamientos en la localidad de Hatay (sudeste), en la frontera siria, donde un joven de 22 años pereció el domingo tras resultar herido en una manifestación. Según la cadena de televisión NTV, dos policías y tres manifestantes resultaron heridos este miércoles por la mañana en Hatay.
El mismo miércoles, al menos 25 personas fueron detenidas en Izmir (oeste) por haber difundida en Twitter "informaciones falsas y difamatorias" informó la agencia Anatolia. Ali Engin, un responsable local del principal partido de oposición , el Partido republicano del pueblo (CHP) declaró a Anatolia que los sospechosos fueron detenidos por haber "llamado a la gente a manifestarse".
El martes, un día después de la muerte de un segundo manifestante, el viceprimer ministro Bulent Arinç intentó reducir la tensión al calificar de "legitimas" las reivindicaciones de los ecologistas, que originaron el viernes pasado el amplio movimiento de protestas.
Arinç, a diferencia del tono firme empleado por Erdogan -que sigue hasta el jueves de gira por el Maghreb-, ha tenido una actitud mas conciliante. Además de las dos personas muertas el domingo y el lunes, los enfrentamientos han dejado más de 1.500 heridos en Estambul y al menos 700 en Ankara, según las organizaciones de defensa de Derechos Humanos y los sindicatos de médicos.
Estas cifras no fueron confirmadas por las autoridades. El portavoz del Gobierno evaluó el martes en 64 manifestantes y 244 policías el número de heridos. En fin, la cadena turca de televisión Bloomberg HT suspendió el martes la difusión de un juego televisado después de que su presentador propusiera a los candidatos preguntas sobre el movimiento de protestas anitgubernamentales.
"Máscara de gas", "policía", "violencia", detención, "censura": tales fueron las palabras que debían adivinar el lunes los participantes en un "juego de palabras", programa difundido diariamente por este cadena. Un día después, la difusión del programa fue interrumpida sin explicación por parte de sus responsables, afirmó el diario Hurriyet en su edición internet.
miércoles, 5 de junio de 2013
Los sindicatos se suman a la protesta en Turquía tras 6 días de manifestaciones
Cientos de obreros enferman tras beber agua en una fábrica textil de Bangladesh
DACCA (AFP)Cientos de obreros de una fábrica textil de Bangladesh enfermaron este miércoles después de haber bebido agua en su lugar de trabajo, anunciaron a la AFP fuentes policiales.
"Creemos que el agua de la fábrica Starlight Sweaters fue envenenada o contaminada", declaró a la AFP un policía encargado del sector industrial, Mahfuzur Rahman. En abril, el derrumbe de un edificio que albergaba una planta textil causó 1.129 muertos en Bangladesh.
OEA abre histórico debate sobre nuevas estrategias frente a guerra antidrogas de EEUU
ANTIGUA, Guatemala (AFP)La OEA inició el martes una crucial Asamblea General que debatirá en Guatemala estrategias para frenar la violencia desatada por el tráfico y consumo de cocaína en América, ante el fracaso de la guerra antidrogas impulsada por Estados Unidos por más de cuatro décadas.
"El carácter histórico de esta Asamblea está en que inicia un debate que antes no se podía realizar (...) acaba con un tabú de numerosas décadas", dijo el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, al abrir el 43 periodo de sesiones en una finca cafetalera, en las afueras de la ciudad colonial de Antigua Guatemala, 45 km al suroeste de la capital.
El jefe de la OEA calificó el problema de las drogas como "uno de los desafíos más graves" que enfrentan actualmente las democracias en América, por lo que se requieren nuevas estrategias "con mayor eficiencia y mejores resultados" que la política antidrogas, basada en la represión a la producción y distribución.
"Hoy legitimamos ese debate, en forma transparente, con la convicción de que él puede abrir paso a acciones para reducir las tasas de criminalidad y violencia que azotan a muchos de nuestros países", afirmó en la ceremonia a la que asisten el presidente anfitrión Otto Pérez y 26 cancilleres y delegados de los 34 miembros activos de la OEA.
A la cita, que se celebra bajo fuerte vigilancia de policías y militares, asiste una alta delegación de Estados Unidos, encabezada por su secretario de Estado, John Kerry.
La OEA inició el martes una crucial Asamblea General que debatirá en Guatemala estrategias para frenar la violencia desatada por el tráfico y consumo de cocaína en América, ante el fracaso de la guerra antidrogas impulsada por Estados Unidos por más de cuatro décadas.
La Asamblea, que concluye el jueves, también tocaría la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que Caracas y sus aliados acusan de supeditarse a intereses estadounidenses, y temas de actualidad del continente como la crisis política de Venezuela.
En el marco de la Asamblea, Kerry mantendrá el miércoles un breve encuentro con el canciller venezolano, Elías Jaua. Ambos países retiraron a sus embajadores en 2010 tras tensiones políticas.
Una cuerda sensible: la legalización
La Asamblea se celebra en el país que hace un año puso el dedo en la llaga. El debate se basará en un informe hecho por la OEA, por mandato de la Cumbre de las Américas de 2012 de Cartagena (Colombia), la cual acogió la idea de Pérez de buscar alternativas a la guerra antidrogas.
El estudio de la OEA esboza cuatro escenarios posibles e independientes frente al flagelo: el fortalecimiento de las instituciones y la seguridad, la despenalización de las drogas, la capacidad de reacción desde la comunidad y la ruptura de la cooperación entre países consumidores y de tránsito.
Aunque sin consenso, la despenalización gana terreno. La marihuana es legal para consumo recreativo en Colorado y Washington (Estados Unidos), en Uruguay se pretende legalizar y regular la distribución, y en países como Argentina y Brasil se avanzó en despenalizar el consumo personal.
En su primera visita oficial a América Latina, Kerry reafirmará en reuniones el miércoles con cancilleres la estrategia de Estados Unidos, según su subsecretaria adjunta para la región, Roberta Jacobson, quien lo acompaña al igual que el subsecretario encargado de la lucha antinarcóticos, William Brownfield, y el zar antidrogas Gil Kerlikowske.
"Nadie quiere que nuestra relación se vea definida por la aplicación de la ley, la seguridad y los narcóticos", dijo Kerry al inicio de un encuentro con Pérez, poco antes de iniciar la asamblea.
El mandatario guatemalteco repuso por su lado que la lucha conjunta contra el crimen organizado está fuera de todo cuestionamiento, pero que ambos países, como el resto de América Latina, debe plantearse alternativas.
Al menos 14 países de Latinoamérica están interesados en impulsar una nueva política, incluidos los de Centroamérica, Uruguay, Colombia y México, según el canciller guatemalteco, Fernando Carrera.
Monstruo de siete cabezas
El informe de la OEA propone abordar el problema desde una perspectiva en la que prevalezca la salud pública frente a la seguridad, primando la prevención y el tratamiento.
"El problema de las drogas es un desafío a nuestras políticas de salud pública, insuficientes para enfrentar el drama de la drogadicción, lo cual permite que aún se trate a las personas que sufren de esa adicción como delincuentes y no como enfermos que deben ser objeto de atención especializada", agregó Insulza.
Según la OEA, 45% de los consumidores de cocaína en el mundo, la mitad de los que consumen heroína y opiáceos y una cuarta parte de los que fuman marihuana, vive en América, segundo continente más violento del planeta, después de África.
Pero, además, las drogas mantienen un negocio ilícito -la ONU calcula en unos 85.000 millones de dólares la venta mundial de cocaína, 35.000 millones en Estados Unidos-, que altera las economías, corrompe las instituciones y deriva en atrocidades contra las personas.
"La guerra contra el narcotráfico no se ha abordado desde la política de derechos humanos", afirmó el director ejecutivo de HRW, José Miguel Vivanco, al abogar por la despenalización del consumo personal.
Grupos de la sociedad civil pidieron a la OEA convertir "los derechos humanos en el centro del debate.
